Podría la energía fotovoltaica suponer una amenaza para la agricultura y la soberanía alimentaria? Las instalaciones de energías renovables requieren grandes superficies y puntos de acceso a la red para su despliegue. En consecuencia, muchas se están levantando en tierras de cultivo, lo que provoca la sustitución de cultivos por paneles solares y un aumento insostenible de los arrendamientos para los agricultores.
Los promotores de parques eólicos y solares están ofreciendo a los agricultores precios por sus tierras que no pueden igualar los ingresos agrícolas actuales. España se encuentra actualmente inmersa en un debate sobre la compatibilidad de la agricultura y las energías renovables.
El debate se centra en la competencia por el uso de la tierra entre la producción de alimentos y la generación de electricidad. Los paneles solares, al igual que los cultivos, requieren grandes extensiones de terreno llano y de pendiente suave, lo que los hace especialmente susceptibles a la competencia por el uso del suelo. Además, hay que tener en cuenta factores como el cambio climático y los bajos precios de los cultivos que provocan malas cosechas. Los sustanciosos precios ofrecidos por los promotores de proyectos renovables son una gran tentación para los agricultores.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España pretende cumplir sus obligaciones internacionales, mientras que en el otro lado del debate están los macroproyectos renovables. Estos proyectos están respaldados por 36 grandes empresas y fondos de inversión, y el Ministerio para la Transición Energética ha dado luz verde a 152 de ellos. Estos proyectos solares autorizados requieren grandes extensiones de terreno, lo que compite con el uso del suelo agrícola. Ocupan unas 43.000 hectáreas, equivalentes al 0,08% de la superficie de España. En comparación, actualmente hay unas 65.000 hectáreas de cultivos de invernadero en todo el país.
Alimentos tan estratégicos como el agua o la energía
Un agricultor que alquile sus tierras a un terrateniente para cultivos de cereal de secano puede esperar unos ingresos anuales de unos 300 euros por hectárea. Sin embargo, los promotores de proyectos renovables pagan unos 1.800 euros por hectárea y año por un arrendamiento de 30 años. Si la tierra es de especial interés, la cifra puede incluso superar los 2.000 euros.
Varias organizaciones llevan meses advirtiendo de que la pérdida de tierras agrícolas no es sólo un problema para los agricultores, sino también una cuestión estratégica para el país. Es fundamental para la seguridad alimentaria y una cuestión de soberanía alimentaria. Manel Simón, gerente de Afrucat (Asociación Frutícola de Cataluña), cree que los productores de alimentos y los inversores en energías renovables deben llegar a un acuerdo y seguir unas reglas claras. Según él, los alimentos son tan importantes para un país como el agua o la energía.
Hay otros agentes económicos que comparten la misma opinión de que la transición a las energías renovables no tiene por qué producirse a costa de renunciar a la producción de alimentos. Creen que la energía y la producción agrícola pueden y deben complementarse. Además del conflicto entre agricultura y energías renovables, J.M. Martín, de la Fundación Renovables, subraya que el principal motivo de rechazo a los proyectos renovables es sólo una cuestión estética y paisajística.
En mi patio no
Después de que el Gobierno nacional suprimiera la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de energías renovables para hacer frente al retraso administrativo, el principio de “no en mi patio trasero (NIMBY)” parece haber arraigado en las ciudades pequeñas. Habitantes de regiones montañosas con una próspera industria turística se oponen abiertamente a “un paisaje lleno de aerogeneradores”. Asociaciones de vecinos de la provincia de Teruel (Aragón), donde está previsto el mayor proyecto eólico, con un total de 118 aerogeneradores, protestan contra “que la transición ecológica [sea] un pase libre para los abusos contra la naturaleza”.
Además, las organizaciones civiles y ecologistas argumentan que estos proyectos no crean riqueza en las zonas rurales, donde la despoblación es un problema importante. Por el contrario, afirman que estos proyectos perjudican a las pocas alternativas de actividad económica que quedan, como la ganadería y el turismo, y “expulsan a los pocos habitantes que quedan.”
“La energía genera desarrollo donde se consume, no donde se produce”, argumentan.
El economista José R. Rallo sostiene que es típica la reacción NIMBY, en la que la gente quiere que las centrales eólicas se instalen lejos de sus casas y que los paisajes destruidos sean los de otros. Subraya que las sociedades sin fuentes de energía abundantes y baratas están destinadas a la pobreza y el estancamiento, y que rechazar toda fuente de energía no es una solución viable, ya que cualquier fuente genera efectos indeseables sobre terceros.
Las tierras de regadío, protegidas por ley
El Ministerio de Agricultura está preparando una nueva normativa para salvaguardar el uso del suelo en las zonas de regadío, que suponen unos 3,8 millones de hectáreas. El reglamento propuesto establece que las instalaciones de energías renovables no pueden autorizarse en zonas de regadío que se hayan desarrollado mediante la conversión de tierras de secano en tierras de regadío, o mediante proyectos de modernización del regadío apoyados por inversiones públicas. Además, las zonas en las que se prevén inversiones públicas también están cubiertas por este reglamento. Sin embargo, quedan exentas de esta prohibición las instalaciones de energías renovables que sean esenciales para el funcionamiento de las instalaciones de regadío.
La nueva legislación ha sido impulsada por la creciente demanda de plantas de energías renovables y otros usos industriales en tierras de cultivo, especialmente en las zonas de regadío que han recibido fondos públicos. La instalación de estas granjas energéticas podría acarrear consecuencias negativas como la pérdida de productividad de las tierras, lo que podría contribuir a la despoblación de las zonas rurales.
Es la agrovoltaica la solución?
La agrovoltaica se refiere al concepto de utilizar la misma tierra tanto para la agricultura como para la energía solar fotovoltaica, donde los cultivos y los paneles solares coexistirán y compartirán la luz solar. Para resolver el conflicto de los espacios compartidos entre agricultura y energías renovables, empresas como Endesa están explorando la viabilidad de integrar la agricultura y la ganadería con la energía, al tiempo que fomentan la biodiversidad en sus instalaciones.
Endesa cultiva plantas aromáticas y medicinales, pastos, leguminosas y productos hortícolas. También utilizan animales para la limpieza del terreno. Otro ejemplo es Iberdrola, que tiene proyectos piloto con plantaciones de viñedos, pastoreo de ovejas e instalación de colmenas.
